España y Brasil dan por cerrada la crisis por las expulsiones de ciudadanos en los aeropuertos.
Redacción / EP
España y Brasil dan por cerrada la crisis desatada por las expulsiones de ciudadanos brasileños en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que se vieron seguidas de medidas similares en el país latinoamericano, después de la reunión mantenida ayer en Madrid entre representantes de los Ministerios competentes en cuestiones migratorias y de control de fronteras de ambos países.

Según se informó la parte española da por superada la polémica. Del mismo modo, el subsecretario general brasileño para las Comunidades en el Exterior, Oto Agripino Maia, aseguró en declaraciones a "O Globo", que "ya no hay crisis".

En opinión de Maia, a partir de ahora, España y Brasil pueden "continuar desarrollando su excelente relación en las áreas económica, política, cultural" sin la preocupación "de esa pequeña cuestión que no debería haber existido".

Entre las medidas acordadas por ambas delegaciones, se encuentra la de "reforzar la cooperación policial". Fuentes policiales explicaron que en las próximas semanas viajará un policía español a Brasil, donde permanecerá aproximadamente un mes, en una experiencia que podría repetirse en el futuro.

Asimismo, el diplomático brasileño explicó que un policía federal de este país viajará a España para acompañar durante un mes los procedimientos de inmigración española. "Con esto, tendremos una visión desde dentro, por parte de un policía brasileño, sobre lo que ocurre en el aeropuerto, y ya no dependeremos únicamente de la declaración de uno o de otro", señaló.

Según el comunicado conjunto enviado tras la reunión, entre las otras medidas, se encuentra la de instalar "a la brevedad posible" cajeros autómáticos en el área de control migratorio de los aeropuertos para que los viajeros puedan acreditar que disponen del dinero mínimo exigido por la normativa en vigor del país de entrada.

COMUNICACIÓN CONSULAR.
Además, decidieron "establecer un sistema de comunicación especial y ágil a través de un procedimiento de línea directa entre las autoridades consulares y competentes de ambas partes en asuntos de forntera".

Según explicó Maia, esto permitirá actuar al consulado si juzga que "una persona es un viajero de buena fe que está sufriendo una injusticia, como ocurrió en algunos casos conocidos en Brasil", siempre que la persona afectada solicite la asistencia consular.

Por otra parte, por lo que se refiere a la situación de los inadmitidos, y tras las denuncias efecutadas por algunos brasileños a los que se denegó la entrada en España, el comunicado se limita a señalar que ambas partes "consideraron las condiciones en lo referente a la asistencia jurídica, manutención, higiene, comuniaciones y acceso al equipaje".

El representante diplomático explicó que Brasil no pretende "protestar contra la política de inmigración" establecida en el Espacio Schengen, "violar la ley" de los países que pertenecen al mismo o "ayudar a los brasileños a convertirse en posibles inmigrantes ilegales". "Nuestro foco de preocupación es el trato de los brasileños en el aeropuerto de Madrid", afirmó.

Tanto Oto Agripino Maia como la subsecretaria del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, María Jesús Figa, se comprometieron a seguir trabajando para desarrollar lo acordado en la reunión, fijada el pasado 12 de marzo por los respectivos jefes de la diplomacia, Miguel Angel Moratinos y Celso Amorim, con el fin de limar asperezas tras el malestar generado entre las autoridades brasileñas por los casos de connacionales a los que se había negado la entrada en España.